Minería ilegal es el motor de la epidemia de malaria en Venezuela
Las áreas deforestadas por la minería ilegal en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, son el principal foco de malaria en el país, con 61% de los casos totales entre 2007 y 2017, según un estudio elaborado por un grupo de 11 investigadores, liderados por María Eugenia Grillet, de la Universidad Central de Venezuela.
«La extracción ilegal de oro es uno de los principales impulsores socioeconómicos locales de la malaria en el sureste de Venezuela y un factor importante que contribuye al aumento de la malaria en los últimos años», es una de las conclusiones de la investigación publicada en la plataforma académica PLOS bajo el título Malaria en el Sur de Venezuela: El punto más caliente en América Latina.
Este intenso repunte de la malaria hace que el país sea el lugar del subcontinente donde se encuentran 51% de los casos registrados en el año 2017, con 406.289 pacientes, casi 10 veces más que en 2007.
La zona más afectada es el municipio Sifontes y dentro de él las parroquias San Isidro y Dalla Costa, que concentran gran actividad minera ilegal desde años recientes.
«La concentración de casos de malaria en el sur de San Isidro coincidió con áreas de deforestación por actividades mineras ilegales. (…) Desde 2007, San Isidro perdió simultáneamente 3.058 hectáreas de cobertura arbórea (disminución de aproximadamente 1,02%) mientras que la malaria aumentó en cerca de 746%», indica el estudio financiado con recursos del Council for Sciences and Humanities Development y el National Institutes of Health, de Estados Unidos.
Mineros y amas de casa los más afectados
Los resultados de la investigación muestran varios patrones muy claros. Uno de ellos es que a mayor deforestación (causada por la minería ilegal), más casos de malaria hay, porque se generan las condiciones para que se reproduzca el mosquito que transmite la enfermedad.
Otro de los patrones es el relacionado con la ocupación y sexo de los pacientes con malaria. «Nuestros resultados en cuanto a patrones de edad y sexo dentro de los pacientes de malaria de la región son compatibles con la ocupación como factor determinante de la mayor y prolongada exposición a picaduras de vectores de hombres jóvenes en los campos mineros en comparación con niñas y mujeres».
Los casos de malaria entre los mineros de las parroquias San Isidro y Dalla Costa abarcan más de 60% del total, mientras las amas de casa reúnen más de 20%. Por otro lado, los hombres representan 70% de los pacientes y 74% están en edades comprendidas entre los 11 y los 40 años.
Crisis económica evita que se frene la malaria
Además de que la minería ilegal genera las condiciones para que se reproduzcan los zancudos transmisores, «la epidemia de malaria en Venezuela se ha visto impulsada por limitaciones financieras para la adquisición de productos básicos para el control de la malaria (como insecticidas, medicamentos, suministros de diagnóstico y mosquiteros) y actividades de vigilancia, y la falta de prestación e implementación de servicios», señala el estudi.
«La crisis económica ha encendido el sector informal, con la extracción ilegal de oro como una de las actividades económicas en la sombra de más rápido crecimiento en el país. Como resultado, la migración dentro del país ha aumentado hacia el sureste de Venezuela (municipio de Sifontes), donde se concentran las actividades de extracción de oro y donde se han identificado focos de malaria», advierte el documento.
Estos migrantes internos regresan a sus zonas de origen en otras partes de Venezuela «reintroduciendo la malaria en áreas donde la transmisión autóctona se había eliminado previamente, lo que provocó un cambio en la epidemiología de esta enfermedad».
En el estudio participaron Jorge E. Moreno, Juan V. Hernández-Villena,Maria F. Vincenti-González, Oscar Noya, Adriana Tami, Alberto Paniz-Mondolfi, Martin Llewellyn, Rachel Lowe, Ananías A. Escalante, Jan E. Conn.
Minería ilegal protegida por el gobierno
Reportes de centros de pensamiento como Centro de Estudios Estratégicos Internaciones (CIS) han señalado que el régimen de Nicolás Maduro «se beneficia directa e indirectamente de la minería ilícita». Es un sector semioficial donde participan empresas estatales como Minerven (sancionada por Estados Unidos) y la Compañía Anónima Militar para las Industrias Mineras , Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG).
Un informe sobre el tema señala que esas empresas «obtienen minerales de minas ilícitas y los exportan oficialmente a otros países, especialmente Turquía y Los Emiratos Árabes Unidos. Algunos beneficios de estos oficios van directamente a las arcas del régimen de Maduro, dándole el dinero necesario para evadir la presión financiera internacional».
El gobierno puede obtener por esta vía hasta 5.000 millones de dólares, según datos de la firma Datanálisis.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, mencionó el tema en su informe de julio de 2020, señalando que grupos criminales, conocidos localmente como «sindicatos», ejercen el control sobre una gran cantidad de operaciones mineras en el Arco Minero del Orinoco (que abarca los estados de
Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro).
«Deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección», dice el informe.
El documento detalla cómo los grupos mantienen su presencia y actividades ilegales en las minas a través de un sistema de corrupción y soborno que incluye pagar a los militares.
