El regreso de Venezuela a la CAN está lleno de obstáculos que el mismo chavismo sembró
El camino para el regreso de Venezuela a la Comunidad Andina (CAN), luego de 17 años fuera de ese organismo, está lleno de obstáculos económicos, institucionales y políticos que el mismo chavismo ha sembrado y que representan un reto enorme de largo plazo, pero que de superarlo, será una importante contribución para la reconstrucción del país.
«En los 17 años que Venezuela no estuvo, la CAN avanzó mucho en su bagaje institucional, diplomático, económico. Venezuela tiene que adaptarse a todo eso», asegura Kathia Michalczewsky profesora de Economía Internacional en la Universidad Nacional del Sur (UNS) en Argentina, quien además advierte, que como Mercosur, la CAN tiene una cláusula democrática, donde se exige respeto a la «plena vigencia de las instituciones democráticas y el estado de derecho».
«Sería como raro que Venezuela siga suspendida del Mercosur y que sí la acepten en la CAN», afirma la experta, en relación con el tema de la ruptura del orden democrático, un tema político que tendrá que resolverse en específico con Ecuador, el único de los cuatro países que no reconoce como legítimo al gobierno de Nicolás Maduro.
La firma Torino Capital coincide y agrega que «un posible reingreso a la CAN implicaría también la adopción de una serie de obligaciones ante instancias tales como el Parlamento Andino, el Tribunal de Justicia de la CAN, entre las que destacan la vigencia del estado de derecho y en particular el respeto a las inversiones y la propiedad privada».
Se trata de un andamiaje supranacional que sirve para establecer una armonía comercial entre los estados miembros y sus relaciones con otros bloques y países. Como lo expresó Luis Alberto Russián, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), en una entrevista en Unión Radio: «Obliga en el tema de la disciplina, porque no puedes hacer lo que tú quieres sino lo que te conviene en el marco de ese acuerdo”.
Recomponer el comercio con la CAN
El colapso económico en el que el chavismo sumergió al país ha tenido un fuerte impacto en el comercio exterior, que si bien da tímidas señales de recuperación, muestra una caída de 80% con los integrantes de la CAN entre 2022 y 2011 (último año que Venezuela era parte de ese organismo).
Aunque Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena en 2006, debía permanecer dentro del mecanismo de integración cinco años más, por lo que fue en 2011 cuando efectivamente quedó libre de los deberes y derechos a los que se había suscrito en 1973.
De acuerdo con el informe «El comercio exterior de bienes entre la Comunidad Andina y Venezuela«, presentado en 2011, ese año el total del comercio de Venezuela con Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, era de $6.584 millones y en 2022 (según datos de cada país) el monto llega a $865 millones, una caída de 80%. Pero su pico más alto lo había alcanzado en 2008, con un total de $12.421 millones.
Recomponer las relaciones comerciales con los países miembros de la CAN no es solo cuestión de abrir puentes fronterizos. Es un tema que involucra a la capacidad productiva nacional, fuertemente mermada en siete años de recesión económica, adaptarse a normas y nomenclaturas de comercio común, entre otras medidas técnicas.
En 2006, cuando Venezuela anunció su retiro de la Comunidad Andina, era la economía más grande de las cinco integrantes y 17 años después ocuparía el cuarto lugar. Destaca además como el único del grupo que retrocedió en ese lapso.
«Como está (la economía venezolana) sería difícil para el sector productivo readaptarse. Puede ser beneficioso para Venezuela a muy largo plazo para reconstruir ese sector productivo y más en el contexto de la producción de petróleo que se ve con una caída abismal. Y más allá del petróleo, pensar también en la transición energética», asegura Michalczewsky.
Según datos de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), el uso de la capacidad instalada en el país se ubicó al cierre de 2022 en niveles cercanos al 40%, muy por debajo de Perú, por ejemplo, cuyas fábricas en octubre usaron 67,9% de su capacidad.
En este contexto, Torino Capital considera la reactivación del comercio «tendrá mayor protagonismo la participación del estado venezolano en la exportación de productos tales como el gas natural, así como en la provisión de infraestructura y logística» para el acceso a Colombia en primera instancia.
De todas formas, no está muy lejos de lo que fue la relación comercial de Venezuela con la CAN. Según el reporte de ese organismo, entre 2002 y 2011, los principales productos de exportación venezolanos eran derivados del petróleo, petroquímicos y procesados de acero, todos ellos producidos por empresas estatales.
La CAN y los migrantes
En agosto de 2021, entró en vigencia dentro de la CAN el Estatuto Migratorio Andino que permite a los ciudadanos de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, ser admitidos e ingresar en cualquiera de los otros países miembros, en calidad de turistas, mediante la sola presentación de uno de los documentos nacionales de identificación, válido y vigente y sin el requisito de visa. Además, de ofrecer un mecanismo para la residencia temporal o permanente unificado.
En la actualidad, Perú y Ecuador exigen a los venezolanos visa para ingresar y comenzar un proceso de residencia temporal en el país, mientras Colombia es el más avanzado en tema de integrar a los migrantes venezolanos. En tanto, Bolivia no tiene ningún tipo de exigencias.
Torino señala que el regreso de Venezuela a la CAN «podría representar un alivio para el flujo de venezolanos que han decidido migrar a otros países andinos, dado que podrían regularizar su estatus legal de forma más expedita». Esto en el caso de que se incluya de forma inmediata al país en el Estatuto.
De acuerdo con datos de la Plataforma de coordinación interagencial para refugiados y migrantes de Venezuela (R4V), en los países de la CAN viven 4,8 millones de venezolanos migrantes, que representan casi 75% del total que ha salido del país hacia algún destino de América Latina y el Caribe.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura que la inserción plena de los migrantes venezolanos (como por ejemplo permitiría el Estatuto Migratorio Andino), tendría un impacto significativo en la economía de los países receptores (con crecimiento de hasta 4,5 puntos del PIB), sin que ello implique el desplazamiento de mano de obra local.
Este podría ser uno de los muchos temas de negociación que tendrá que llevar a la mesa el gobierno de Maduro (que no admite la existencia de una migración masiva), debido a los costos que una medida como esta implica para los países receptores. El Fondo estima que hasta 2025 el impacto en la economía de Colombia puede ser de 0,5 puntos del PIB, y de 0,25 puntos para Ecuador y Perú.
