Las sanciones petroleras nublan el ya sombrío horizonte económico de Venezuela
Luis Zambrano-Sequín, Universidad Católica Andrés Bello
En una economía como la de Venezuela –pequeña, abierta y muy debilitada por décadas de inestabilidad política, económica y social– los efectos de la restitución de las sanciones petroleras y financieras anunciada por el nuevo gobierno estadounidense van a tener un impacto profundo y duradero.
Ahora, además, se añaden nuevas restricciones al comercio con terceros países (“aranceles secundarios” los ha llamado Donald Trump) y el retorno forzado de cientos de migrantes que difícilmente podrán ser absorbidos por la economía interna.
Suspensión y caída
El sector petrolero representa más del 15 % del PIB total de la economía venezolana, y el peso de las exportaciones petroleras en las exportaciones totales es de un 80 %. Con estos datos, es evidente que estamos en presencia de un choque negativo extraordinario que, desde luego, perturbará el nivel de la actividad económica interna y el ya muy deteriorado nivel de bienestar social.
La suspensión de las operaciones de Repsol, ENI y Chevron Corporation –por citar algunas de las operadoras extranjeras más importantes– hará caer la producción de hidrocarburos entre un 20 y un 30 %. Y los ingresos externos asociados a las exportaciones petroleras, entre un 35 y un 38 %.
En lo inmediato, se espera que –en el mejor de los escenarios– el producto interno bruto caiga entre un 2,5 y un 3,5 %, cuando en la última década el mercado interno de Venezuela se ha reducido un 70 %.
Mal momento global
El comportamiento esperado de la economía global tampoco será favorable. Confluyen una previsión de crecimiento económico moderado, la tendencia a la baja de los precios del petróleo, la mayor oferta y mayor competencia en el sector de la energía, y la profundización de las políticas proteccionistas. La agresiva alza de aranceles anunciada desde el gobierno de EE. UU. se traducirá en menores volúmenes de comercio internacional y mayores presiones inflacionarias globales.
Habría que añadir otros factores no menos importantes, como las fuerzas que promueven la desglobalización y la desintegración de los flujos de comercio (con efectos muy negativos sobre las cadenas de suministro); las tensiones geopolíticas asociadas a la guerra en Medio Oriente y Ucrania; y los crecientes problemas relacionados con el cambio climático.
Para la magnitud y naturaleza de estos choques, no hay capacidad interna que permita una absorción ordenada y disipadora de los impactos esperados.
Sin capacidad de reacción
En el ámbito de la gestión fiscal, no hay ninguna holgura para compensar la caída de la recaudación por ingresos petroleros. Desde hace una década, el gobierno no tiene acceso a los mercados de capital foráneos ni a la banca multilateral y prácticamente no existe un mercado financiero interno.
Tampoco hay espacio para ajustar el gasto público, que ya se ha contraído de forma considerable en los últimos años (más del 50 % en términos del PIB). Menos ahora que el gobierno decidió indexar al tipo de cambio oficial los subsidios que otorga y que representan casi el 60 % del gasto de la administración central.
Las fuertes restricciones del Estado para ajustar su gasto a la baja y el elevado grado de dolarización de la economía son factores que debilitan la capacidad de un banco central, ya de por sí carente de independencia, para diseñar e implementar una política monetaria y cambiaria que pueda ayudar a la estabilización macroeconómica del país.
Crack monetario
A partir de 2022, la suspensión parcial y temporal de las sanciones petroleras a través de la emisión (y reiteradas renovaciones) de licencias a las empresas extranjeras asociadas a la estatal PDVSA permitió una tímida recuperación de la actividad económica interna entre 2022 y el primer semestre de 2024.
Esta tendencia se empezó a revertir tras las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024 y se ha ido profundizado con el creciente deterioro de las relaciones entre el gobierno venezolano y la nueva administración estadounidense.
Todos estos factores han puesto en evidencia la poca sostenibilidad de la política de estabilización que ha venido aplicando la autoridad monetaria venezolana (BCV), centrada en el uso del tipo de cambio oficial como principal ancla de los precios denominados en moneda nacional.
De hecho, ya en el transcurso del primer trimestre de este año el tipo de cambio oficial del dólar se ha incrementado un 34 % y la tasa en el mercado paralelo un 53 %, con una ampliación progresiva entre ambos indicadores. Pero esta evolución todavía no refleja los efectos de la suspensión de las licencias y la aplicación de los aranceles punitivos a los países que comercien con el petróleo venezolano.
Inflación de tres dígitos
En un escenario como este, además de esperar una contracción de la actividad económica interna, parece inevitable, una vez más, que la creciente depreciación del bolívar venga acompañada de una importante aceleración de la ya muy elevada tasa de inflación venezolana.
Muy probablemente dicha tasa vuelva a moverse en el intervalo de los tres dígitos –hay estimaciones que la sitúan en torno al 200 % en 2025– no solo como consecuencia de la depreciación de la tasa de cambio, sino también por la inevitable recurrencia al financiamiento monetario de un déficit fiscal que podría superar el 15 % del PIB.
En una economía en la que sus agentes han padecido por mucho tiempo elevadas tasas de inflación, se han generalizado los mecanismos de ajuste y reducido a un mínimo la credibilidad en la política económica y las instituciones encargadas de formularla y gestionarla.
Desempleo y pobreza
La creciente informalidad del empleo y la incapacidad para desarrollar políticas sociales compensatorias suponen un retroceso en la tímida reducción de los niveles de pobreza que se registraron en 2023 y durante el primer semestre de 2024.
El retroceso esperado en el nivel de vida promedio de los venezolanos no puede sino contribuir a agudizar la conflictividad política y social, lo que seguramente será respondido con mayor represión por parte del gobierno.
La economía y la sociedad venezolanas reclaman urgentes reformas estructurales que, a su vez, exigen profundos cambios institucionales. Pero estos cambios no parecen ser posibles si no se logra restaurar la estabilidad política interna que haga factible acordar una agenda con el consenso necesario para hacer sostenible las reformas.
Lamentablemente, hoy no parecen prevalecer las condiciones que permitan avanzar en este camino.
* Profesor – Investigador, Universidad Católica Andrés Bello
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation y republicado bajo licencia Creative Commons.
