Estudio del BID muestra cómo sobreviven las empresas venezolanas
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) explora las características de las empresas venezolanas que han sobrevivido a la «una de las contracciones económicas más profundas de la historia moderna» y muestra cómo se desenvuelven en la precaria situación actual.
Utilizando datos de Enterprise Survey, el economista venezolano, José Luis Saboin, expone un amplio panorama de la actividad empresarial venezolana, con datos sobre el acceso a servicios, inversión y financiamiento, mano de obra, comercio exterior, entorno legal, innovación y desempeño.
Es la primera vez en 10 años que se aplica esta encuesta en el país y los datos muestran el deterioro que es evidente en la cotidianidad, pero que tiene ahora una aproximación desde el lado de las empresas. El documento de 74 páginas, expone los resultados de una encuesta realizada a 263 empresas, la mayor parte del sector manufacturero, durante el segundo semestre de 2020.
Además, el informe compara a Venezuela con países de ingresos similares (El Salvador, Honduras y Nicaragua, por ejemplo) y a los países de la Comunidad Andina (CAN): Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador.
Mayores dificultades
La mayor dificultad que enfrentan las empresas venezolanas para producir es el ambiente macroeconómico, según respondieron 45% de las compañías encuestadas. La inestabilidad política abarcó 21% de las respuestas y la falta de electricidad 12%. Diez años atrás esas las tres mayores dificultades eran criminalidad (32%), apagones (16%) e inestabilidad política (14%).
«La inestabilidad macroeconómica y política tiene importantes efectos negativos en el crecimiento económico. Estos, como fuentes de volatilidad, reducen los incentivos de las empresas nacionales para invertir, desalientan la llegada de empresas extranjeras y reducen el tamaño y la calidad del mercado interno, entre otras consecuencias. La provisión y confiabilidad de la infraestructura de servicios básicos, como la electricidad, también es fundamental para el desarrollo económico», afirma Saboin.
Los resultados muestran que 80% de las empresas reportaron fallas eléctricas, muy por encima de las respuestas de países de ingresos similares y de las economías de la CAN (poco más de 50%). Los datos señalan que en promedio se registran unas 10 fallas por mes, en contraste con las 3 que se registraban en 2010.
Esto ha provocado que cerca de 50% de las empresas encuestadas afirmaron contar con un generador eléctrico, en comparación con el dato de menos de 20% de los países de la CAN y de ingresos similares.
En conjunto, las fallas por servicios (agua, electricidad, internet, telefonía) le ocasionan 10% pérdidas anuales a las empresas.
Repunte exportador
La investigación muestra que en 2010 las exportaciones significaban 0,1% de las ventas de la empresa tipo venezolana, que para 2020 saltan a 8%. Mientras, el porcentaje de empresas que exportan directamente el 10% o más de sus ventas es de 10% (0,2% en 2010), una situación que Saboin atribuye «a la contracción del mercado local por la crisis y la hiperinflación».
Por el otro lado, las empresas venezolanas incrementaron también su dependencia de insumos importados para producir. Un total de 59% de los insumos con los que produce la empresa tipo venezolana son importados, una cifra que es 34 puntos porcentuales mayor que hace 10 años.
«Dentro de Venezuela existe una amplia variación entre sectores en términos del uso de insumos / suministros extranjeros, siendo más pronunciada en el sector minorista (80%) y menos pronunciada en el sector de servicios (36%)», señala el documento.
Sobornos afectan a 35% de las empresas
El pago de sobornos (en sus distintas formas) es otra de las dificultades que enfrentan las empresas. La encuesta reveló que 35% de las compañías manifestaron que se les exigió la cancelación de algo extra en trámites relacionados con la administración pública. La cifra es notablemente mayor al 10% de lo que reportan empresas de la CAN y a la que se registró en la misma encuesta de 2006 cuando el porcentaje era de 3,8%.
«La corrupción por parte de los funcionarios públicos puede ser una carga administrativa y financiera importante para las empresas. Crea un entorno empresarial desfavorable al socavar la eficiencia operativa de las empresas y al aumentar los costos y riesgos de operar en dicho entorno. En muchos países, los sobornos son comunes y bastante elevados y aumentan los costos burocráticos de obtener los permisos y licencias requeridos», afirma Saboin en el estudio.