¿Cómo funciona la economía venezolana?
Cada cierto tiempo saltan en los titulares de los noticieros del mundo noticias sobre la economía venezolana. La mayoría de las veces es para dar cuenta de algún indicador negativo en el que el país suramericano es líder, como la inflación, la caída de la producción o la pobreza. Ante esa situación muchos se preguntan cómo funciona un país así, donde, por ejemplo, el salario mínimo legal es de unos pocos centavos diarios.
Economía de subsistencia
Venezuela acumula siete años en recesión económica. Desde el año 2013, el primero del gobierno de Nicolás Maduro, el país no registra crecimiento económico. Cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI) señalan que el PIB cayó 86% entre 2013 y 2020. Además, el país lleva tres años consecutivos con hiperinflación, que si bien, se desaceleró en 2020, los precios siguen creciendo en porcentajes de dos dígitos cada mes acumulando más de nueve mil millones por ciento de inflación desde 2017.
«El país o la nación está descapitalizada, ociosa -económicamente hablando- en condiciones primarias y de mera subsistencia, esa pareciera ser la realidad…. Venezuela es un estado fallido», señala en Twitter el economista Alexander Guerrero.
Esa subsistencia de la que habla el experto se traduce en un día a día difícil para la mayoría. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), 93% de los venezolanos no tienen los ingresos necesarios para cubrir la canasta básica. El salario mínimo se ubica en Bs 1.200.000 más un bono de alimentación de igual valor, para un total de Bs 2.400.000. Al final de enero eso equivale a 1,31 dólares. Pero nadie en Venezuela gana sueldo mínimo.
«El salario mínimo legal dejó de ser una referencia en Venezuela. El sector privado paga muy por encima de ese nivel», dice en Twitter el economista Asdrúbal Oliveros, cuya firma Ecoanalítica, estima un salario promedio de $50 mensual.
La canasta básica alimentaria tiene un costo de $292,2 al mes de diciembre de 2020, según la medición que hace el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
Pues la gente cada vez se alimenta menos y peor. La Oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que 9,3 millones de personas están en inseguridad alimentaria y que la producción de comida solo cubre entre 10% y 15% de las necesidades.
La disminución de comidas o de sus variedades es común en el país para la mayoría. El gobierno de Nicolás Maduro implementó en 2016 un programa llamado Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que básicamente consiste en la provisión subsidiada de unos 10 o 15 alimentos mensual a una cantidad poco clara de hogares. Su valor nutricional es bajo (consiste fundamentalmente de carbohidratos) y la calidad de los productos ha sido cuestionada, así como su manejo financiero, que está salpicado de casos de corrupción.
Por otro lado, una tímida apertura de las importaciones motivado por las sanciones de Estados Unidos, llenó los anaqueles de muchos locales de comida, pero a precios inalcanzables para la mayoría.
Dólares como «válvula de escape»
En 2019 el colapso de los servicios públicos mostró una dramática cara de la economía venezolana. Un apagón dejó sin electricidad a la mayor parte del país por tres días. Aunque ya venían registrando graves fallas, los servicios públicos empeoraron después de ese evento en marzo. Ante la ausencia de electricidad para hacer pagos con instrumentos electrónicos y la escasez de bolívares en efectivo, el dólar comenzó a ganar la calle.
Progresivamente, la dolarización informal se fue intensificando y según el mismo gobierno, cerca de 18,6% de las transacciones se hacen con la moneda estadounidense, mientras firmas privadas como Datanálisis, indican que la cifra puede llegar hasta 59,4%.
Los precios en las calles se observan en dólares y métodos de pago como Zelle, de bancos estadounidenses, es también de amplio uso (25% de las transacciones, según Datanálisis). Por ejemplo, un kilo de harina de maíz, básico para la preparación de la tradicional arepa, se ubica en Bs 4.500.000 la semana del 25 de enero. Eso equivale a unos 2,4 dólares.
“Es natural para el cerebro que procese más rápido los precios en dólares que los precios en bolívares. Es más fácil anclarme a 1 o 2 dólares, que entender una cuenta de 30.557.000 bolívares. Esto permite tomar decisiones más rápidas», dice Joselyn Quintero, especialista en neurofinanzas, en una nota publicada por el sitio web Efecto Cocuyo.
El uso del dólar es por una parte solución y también un problema para la economía venezolana. Por un lado, una solución, porque no hay suficiente efectivo en bolívares. El billete de más alta denominación es de Bs 50.000 (se necesitan 90 para pagar el kilo de harina de maíz) y 2020 cerró con el nivel más bajo de efectivo en 80 años. En el lado negativo está la escasez de monedas pequeñas para dar cambio, un incoveniente tanto para comerciantes como para consumidores.
Así la economía venezolana es una especie de binonetarismo, pagando los céntimos de una compra denominada en dólares, con su saldo en bolívares o esperando a que un supermercado se lo transfiera a su cuenta en bolívares.
Para el gobierno de Maduro esta dolarización es «una válvula de escape» y apunta a la eliminación del papel moneda y cuentas en dólares que liquidan saldos en bolívares.
«Ya hay salarios ‘dolarizados’, pero igual siguen siendo bajos. ¿La razón? Su nivel real no se debe a la moneda con que se paguen sino a los índices de producción-productividad», concluye García, también en Twitter.
Una apertura obligada
Desde el año 2019 los ingresos petroleros del gobierno colapsaron estrepitosamente. Las sanciones de Estados Unidos bloqueando la compra y venta de crudo, fue la estacado final a una industria mal manejada y que prácticamente hizo que Venezuela dejara de ser un país petrolero. En 2020 el promedio de producción fue de 500.000 barriles diarios, desde los más de 3 millones que se bombeaban cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999.
El centro de pensamiento Anova señala en un estudio que «es posible argumentar que el cambio de orientación de políticas del gobierno, el cual finalmente desembocó en la flexibilización del entramado de controles, también fuera consecuencia inmediata del endurecimiento de las sanciones financieras contra Pdvsa».
«Es claro que la tendencia es a la apertura. Ya la estamos viendo y solo aumentará. Se está presentando un proceso de apertura económica (aunque no sea el resultado de un aprendizaje real ni inteligente). Y esto es absolutamente imparable. Si veremos más y más apertura en lo económico aunque no así en lo político», asegura en Twitter Luis Vicente León, director de Datanálisis.
Migración y remesas
Otra realidad de la economía venezolana y que tiene que ver con esa apertura que se menciona, es la llegada de las remesas internacionales. «Es importante pero no la principal fuente de ingreso (de la familias de millones de migrantes), ese es un mito que muchos han vendido», puntualiza en Twitter Oliveros.
Más de 5 millones de venezolanos viven fuera de su país, principalmente en naciones como Colombia, Perú, Brasil o Ecuador, desde donde envían remesas para ayudar a sostener a sus familiar, generalmente a través de mecanismos informales que no alcanzan a ser registrados el por el Banco Central de Venezuela (BCV), pero que las firmas privadas ubican en unos $2.000 millones anuales.
Bolívares de la nada
Restringido de dólares y prácticamente aislado del sistema financiero internacional, el gobierno de Maduro ha optado por refugiarse en la emisión monetaria como trinchera en medio de la crisis. A través de una plataforma tecnológica llamada Patria, distribuye billones de bolívares a través de los denominados «bonos protectores», una iniciativa que arrancó en 2017 y que se acentuó en 2020 en medio de la pandemia.
No obstante, las cantidades son bastante pequeñas en comparación con las necesidades de la población. En todo 2020 se distribuyeron unos $100 por persona (excluyendo bonos fijos), es decir, unos 27 centavos por día. Lo más grave de esta entrega directa de recursos es que se hace monetizando el déficit. Es decir, ante la inexistencia de ingresos o capacidad de deuda, el gobierno le ordena al BCV emitir los bolívares y de hecho es este organismo el que los transfiere directamente a la cuenta bancaria de los beneficiarios, en franca violación de la Constitución.
Esta estrategia hace que aumente la masa monetaria y con ella la hiperinflación. No obstante, el gobierno intenta contener ese dinero en los bancos y los obliga a mantener un encaje legal de 85%, hasta mediados del año pasado era de 100%, con lo que los créditos quedan extremadamente reducidos, impidiendo a las pocas empresas que operan, reponer mercancía, hacer mejoras o incluso ponerse al día con sus compromisos laborales.
