Las cifras económicas y sociales que exigen los economistas y por qué son importantes
Un grupo de economistas venezolanos exigió recientemente al gobierno de Nicolás Maduro la publicación de cifras económicas y sociales, un reclamo que recoge su inquietud como profesionales y ciudadanos de un país conducido desde las sombras.
«Asistidos por principios constitucionales, nos dirigimos al Gobierno de Venezuela, con el objeto de exigir la publicación de la Ley de Presupuesto, las estadísticas fiscales y demás cifras elaboradas por los distintos entes del Estado», señala la carta firmada por los profesionales, la mayoría de ellos profesores y/o investigadores.
El documento cita los artículos 51 (derecho a solicitar información y a obtener respuesta oportuna), 313 y 314 (sobre la publicación del presupuesto), como argumento legal que ampara su solicitud y que se están irrespetando, al menos desde 2013.
Esta no es la primera vez que se le exige al Ejecutivo cumplir con la publicación de datos económicos. En 2015 Transparencia Internacional acudió a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitarle que exigiera al BCV cumplir con su deber constitucional. La petición fue rechazada por un tecnicismo.
Ley «Maduro» del BCV
Tras la derrota electoral que le concedió la mayoría de la Asamblea Nacional a la oposición en 2015, Maduro decretó, vía habilitante, una Ley del BCV, que le permite esconder las cifras: «Cuando sea requerido por el Ejecutivo Nacional, el Directorio del BCV podrá (…) suspender transitoriamente la publicación de información por el periodo durante el cual se mantengan situaciones internas o externas que representen una amenaza a la Seguridad Nacional y a la estabilidad económica de la Nación».
Bajo este artículo se amparó el gobierno para ocultarle al país a los organismos internacionales de los que es parte, los datos económicos claves y que revelan el desastre en el que tienen sumergida a Venezuela. A tres meses de instalada, la AN opositora revirtió mediante una reforma este exabrupto, pero el TSJ la declaró nula.
En 2018 y presionados por el Fondo Monetario Internacional, el BCV entregó a ese organismo datos económicos del país. No obstante, no se hicieron públicas y las pocas filtraciones que surgieron solo liberaron cifras sueltas.
Un retraso de años
Como señala la solicitud de los economistas, «desde 2016, el Poder Ejecutivo no ha publicado las respectivas leyes de presupuesto». De hecho, no envió ninguna Ley de Presupuesto a la AN entre 2016 y 2020, lapso en el que esta estaba controlada por la oposición. Para aprobarla se valió primero del TSJ y luego de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente electa en 2017. Lo mismo ocurre con las memorias y cuentas de los ministerios.
«En lo relativo a la Ley de Presupuesto de 2022 aprobada por la Asamblea Nacional el 14 de diciembre de ese año, todavía no ha sido publicada en la Gaceta Oficial y solamente se pudo conocer su Exposición de Motivos la cual carece de fundamentos técnicos al no incluir premisas fundamentales tales como el precio estimado del petróleo, el volumen de producción y exportación de petróleo, el tipo de cambio, y las tasas de inflación y crecimiento económico previstas», agregan los economistas en su documento.
Aunque la lista es larga, los firmantes de la carta resumen que «las cifras fiscales dejaron de publicarse en 2009, los resultados de la actividad económica (PIB) están publicadas hasta el primer trimestre de 2019 al igual que los de la Balanza de Pagos y los datos de pobreza hasta 2013».
«Esta situación constituye una violación flagrante al derecho de los venezolanos a estar informados, al tiempo que le resta transparencia a la gestión pública y daña la credibilidad de los entes encargados de producir esas estadísticas», concluyen los expertos.
¿Por qué importan esas cifras?
Lo primero que implica el ocultamiento de los datos económicos es una violación al derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos y que está consagrado en la Constitución, que aunque destrozada por la acción gubernamental, sigue vigente. Conocer, por ejemplo, la Ley de Presupuesto, permite ver en qué se gastará el dinero, de qué forma y hacia dónde se orienta la estrategia económica del país.
Por otro lado, en mano de las empresas, los datos económicos brindan orientación para la toma de decisiones que afectan el empleo, las inversiones y otros factores. Esta brecha se llena desde hace años por consultoras privadas que brindan la información luego de un esfuerzo importante, pero de manera exclusiva y no pública.
En tanto, primero desde la AN y ahora desde el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) se hace un seguimiento de las principales variables para mantener informada a la población, no sin las lógicas limitaciones que una tarea de ese tamaño requiere en términos de inversión y personal.
Venezuela sufre las consecuencias de no aportar estos datos. Un ejemplo grave es que las cifras que organismos como el Banco Mundial, tienen sobre el país son viejas o poco creíbles y por tanto mantienen a al país en una clasificación de ingresos bastante alejada de la realidad, lo que en la práctica llevó a que el país no recibiera vacunas gratis contra el coronavirus.
Finalmente, pero no menos importante, los datos en manos de los investigadores, profesores y otros actores académicos, son la fuente principal para el análisis, creación de conocimiento y generación de propuestas que contribuyen a comprender y solucionar la grave crisis que atraviesa el país.
