La continuidad de la defensa de Venezuela frente a litigios de empresas y bonistas en el exterior está en peligro debido a las dificultades para que la Asamblea Nacional (electa en 2015) apruebe los $18,7 millones que se adeudan a siete bufetes de abogados, aseguró el procurador especial designado por el gobierno interino, Enrique Sánchez Falcón.
En una rueda de prensa transmitida por YouTube ante la negativa de la AN de recibir su informe, el funcionario señaló que si bien durante la gestión anterior y la actual se cancelaron $44,7 millones, todavía queda un remanente por pagar por los procesos legales que están en marcha.
«La Oficina de Procuraduría Especial ha solicitado y casi rogado por un presupuesto integral para atender los litigios y ha sido sistemáticamente ignorada”, aseguró Sánchez.
El Procurador reseñó los principales litigios que enfrenta el país y en los que el gobierno interino está ejerciendo la defensa, así como el detalle de los bufetes de abogados a los que se adeuda dinero.
Sánchez Falcón detalló que hay en curso un total de 201 procesos de los cuales 62 son arbitrajes y de 139 juicios. En conjunto, estos los litigios internacionales exigen a Venezuela el pago de indemnizaciones por más $40.000 millones (equivalente al 86% del PIB de 2021), por casos diferentes que van desde expropiaciones hasta vinculaciones de Pdvsa con la guerrilla colombiana.
Sánchez dijo que la deuda «es una cantidad bien pequeña en relación con el monto de los derechos e intereses que efectivamente están juego que son por el orden de los $40.000 millones, una cifra que perderla o tener que quedar comprometidos a pagarla, comprometería las finanzas públicas del estado venezolano quién sabe por cuanto tiempo».
El Procurador dijo que está a la espera de que la Asamblea Nacional (electa en 2015) le indique las instrucciones sobre la continuidad de la defensa que se viene ejerciendo en los tribunales internacionales.
«Es necesaria la aprobación de un presupuesto integral para atender los litigios, salvo que se decida no atenderlos y dejar que la dictadura sea la que tome el lugar de la defensa de los derechos e intereses venezolanos. Lo hemos planteado varias veces, pero consideramos una irresponsabilidad dejar al estado venezolano en indefensión», afirmó.
La respuesta de los partidos
Tras la rueda de prensa del procurador Sánchez, los partidos Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, emitieron un comunicado en el que señalan que «se ha gastado más de 50 millones de dólares en litigios que no han servido para resguardar los activos, pues la protección ha emanado hasta el día de hoy de las licencias del gobierno de los Estados Unidos».
Aseguran que en cuanto a la defensa de activos en el exterior «estamos ahora en una situación peor que la de hacer tres años. A punto de perder los activos y con menos dinero que antes». Y afirman que el procurador no ha dado respuesta a interrogantes como «¿Por qué no se discriminaron los juicios en la estrategia judicial? ¿Cuáles eran los activos cuyo control fue cedido en 2019? ¿Cuántos juicios y procedimientos arbitrales había en 2019? ¿En qué estado estaban o que chances tenía la República de ganar? ¿Qué acuerdos existían con acreedores? ¿La gestión del anterior procurador de la república comprometió recursos de la república sin haber contado con disponibilidad presupuestaria?»
Hay un cuestionamiento generalizado de todos los partidos políticos sobre cómo la procuraduría ha comprometido recursos del país. ¿El procurador está consciente de que los partidos políticos le pidieron a Juan Guaidó enviar una carta solicitando contratar una firma para auditar las facturas de la procuraduría?
Son interrogantes que el país se hace y que siguen sin responderse. La AN aprobó en un acuerdo no comprometer más gastos en escritorios de abogados si no había una jerarquización de los casos y una rendición de cuentas por parte de la procuraduría. Lamentablemente, esto no se ha cumplido. La jerarquización de casos debe ser presentada por la procuraduría ante el parlamento, para decidir cuáles son los casos más importantes. Al día de hoy siguen corriendo decenas de casos y esto implica millones de dólares, cuando al final la protección de los activos depende del gobierno estadounidense y no de los juicios.
Concluyen que «la solución del manejo de los activos pasa por cumplir con el acuerdo aprobado de manera unánime el pasado 14 de junio del año 2022 y con las recomendaciones emanadas del informe elaborado por la comisión de la AN que investigó el caso Monómeros. El acuerdo de junio de este año establece la creación del Consejo Nacional de Activos, una instancia que persigue la administración independiente para ordenar los procesos correspondientes a los activos y corregir los errores que se han cometido en el manejo de los bienes en el exterior».