El proceso para la subasta de las acciones de Citgo comenzó el 24 de julio, de acuerdo con una orden emitida por el juez Leonard Stark del Tribunal del Distrito de Delaware, luego de que la empresa venezolana en Estados Unidos perdiera la más reciente apelación que intentaba frenar la incorporación de más compañías.
El juez ratificó las fechas propuestas por el encargado especial para ejecutar el remate y fijó el 24 de julio como el día para la preparación del lanzamiento de la subasta de acciones, el 23 de octubre como el día del lanzamiento de la subasta y el 15 de julio de 2024, como día tentativo para la audiencia donde se revisará y discutirá las propuestas de compra.
El embargo de Citgo se decidió en agosto de 2018, luego de que el juez Stark le diera la razón a la minera canadiense Crystallex de que Pdvsa es el «alter ego» del gobierno venezolano y por tanto ese activo en el extranjero podía ser tomado para cancelar la indemnización por $1.400 millones por la expropiación de sus activos en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez.
Lo que siguió fue un largo proceso judicial que se acerca a su fin, aunque un acuerdo entre las partes puede abrir el camino para el embargo, solo que al caso se sumaron al menos siete empresas más que reclaman también pagos de reparación por expropiación o por impago de bonos. La defensa de Citgo, argumentó que con el gobierno de Guaidó se había roto la dependencia administrativa de la República, pero el juez dio la razón nuevamente a Crystallex.
En cuanto al remate, el juez señaló en su orden que el encargado especial para ejecutar el proceso puede descartar aquellas propuestas que sean inadecuadas o insuficientes, así como aquellas que «no maximicen el valor de la transacción». Además, el proceso contempla que todas las partes involucradas, incluyendo la representación de Venezuela, a presentar sus objeciones y observaciones.
El documento también señala que no necesariamente se realice la venta total de las acciones, sino la cantidad necesaria para cubrir las demandas de indemnización, que rondan los $3.000 millones.
«El encargado especial expresa su confianza en que el cronograma establecido en el proceso de venta dará la oportunidad de conducir un transacción que maximice el valor, vendiendo solo la cantidad de acciones que sean necesarias», indica la orden del juez.
Citgo es una empresa venezolana con sede en Estados Unidos que está bajo control de la Asamblea Nacional electa en 2015, por ser este el único organismo que ese país norteamericano reconoce como democráticamente electo. Su plana mayor fue nombrada por la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, un organismo creado por el gobierno interino de Juan Guaidó y que permanece hasta la actualidad para administrar los activos externos de la estatal petrolera.
De acuerdo con el presidente de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, Horacio Medina, Citgo está valorada en unos $12.000, según dijo en una conversación transmitida en línea con el entonces presidente interino, Juan Guaidó. Además, es un actor importante de la refinación y venta de productos derivados en la costa este de Estados Unidos, con ganancias que en 2022 fueron de casi $3.000 millones.
Por otro lado, el juez Stark consideró que el proceso judicial que enfrenta a Citgo con los tenedores de los bonos Pdvsa 2020, no es impedimento para avanzar en el embargo. La empresa exigió ante los tribunales estadounidenses la nulidad de los bonos por no ajustarse a la Constitución venezolana cuando se emitieron como un reestructuración en 2016 y cuya garantía es el 51% de las acciones de la empresa.
Por otro lado, el Departamento del Tesoro, aseguró que las sanciones del gobierno de Estados Unidos, tampoco frenan el proceso judicial y se mostró abierta a otorgar las licencias necesarias para que se concrete.