La Junta Administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela rechazó las más recientes decisiones de la justicia estadounidense que avalan la continuidad del proceso de embargo de Citgo, pero asegura que mantendrá la «defensa en todos los escenarios» del activo externo más valioso del país.
«Es cierto que el riesgo de perder a CITGO es real, pero no es menos cierto que aún no hemos entregado nuestra indoblegable decisión de mantener la defensa en todos los escenarios, lo cual luce, para algunos, imposible de lograr, pero para nosotros, es imprescindible lograrlo en función de garantizar, en el menor tiempo posible, la recuperación de la industria de los Hidrocarburos en Venezuela», señalaron en un comunicado publicado en la red social X.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazó el lunes 8 de enero revisar la sentencia emitida por el juez Leonard Stark en el Tribunal de Delaware y ratificada por la Tercera Corte de Apelaciones, en la que se señalaba que tanto el gobierno de Nicolás Maduro como de Juan Guaidó, manejaron Pdvsa como alter ego del gobierno nacional y por tanto se admitían a más empresas reclamar pagos a través de la liquidación de las acciones de Citgo.
La Junta Directiva ad hoc, presidida por Horacio Medina, resaltó que «nunca se han transferido fondos de las subsidiarias de PDVSA en el exterior al Gobierno Interino o a la Asamblea Nacional, lo cual está prohibido por el propio Estatuto de la Transición y el Decreto que rige a la Junta Administradora ad hoc de PDVSA».
–Comunicado de prensa–
— PDVSA AD HOC OFICIAL (@PDVSA_AdHoc) January 9, 2024
Junta Administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela, S.A. sobre la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. pic.twitter.com/ySRhzibXe5
Calificaron como una falsedad el alegato validada por la Corte de Delaware que señala que Citgo transfirió fondos al gobierno interino, pues para ello hubiese sido necesario solicitar una licencia a la Oficina de Administración de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), lo que no ocurrió.
«Ha sido pública, transparente y auditada la gestión de administración de recursos utilizados para la defensa legal, tanto en los casos de la República reportados por los fondos autorizados por la Asamblea Nacional a la Procuraduría Especial, como en aquellos administrados por la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, los cuales tienen orígenes y procesos de administración distintos. Tal como se explicó durante el juicio, excepcionalmente, en los casos en los que la Junta tuvo que asistir en gastos de representación judicial de la República, esta asistencia respondió a situaciones de emergencia, en montos limitados, y con el único objetivo de proteger la propiedad de CITGO. Los pagos fueron hechos a firmas de abogados y nunca hubo transferencia de fondos a la República o a la Asamblea Nacional», comentaron.
Defensa en ejercicio
Mientras tanto, la Junta Directiva ad hoc de Pdvsa y la República, se mantienen activas en los juicios que se siguen en los tribunales estadounidenses y que involucran a Citgo. Por ejemplo, se apeló la decisión de un juez de Florida que otorgó a un ciudadano colomboestadounidense a cobrar una deuda del gobierno de Hugo Chávez a través de la subaste de la estatal venezolana.
Por otro lado, un grupo de empresas que busca cobrar sus indemnizaciones con la venta de las acciones de Citgo pidió al juez que su demanda se mantenga firme en caso de que Pdvsa llegue a un acuerdo con Crystallex (compañía que inició el proceso judicial al que luego de adhirieron las demás), lo que hace presumir de que haya negociaciones entre las partes en la búsqueda de una solución.
Citgo acumula ocho trimestres generando ganancias, lo que le ha permitido cancelar la deuda que dejó la gestión anterior y acumular efectivo que le permitiría negociar con algunos acreedores, pero la fila es tan grande que no se daría abasto para todos e incluso es probable que no todos los que sean admitidos por los tribunales para tomar parte del embargo lleguen a recibir su pago por esta vía.
La lista, según la última actualización del experto independiente comisionado por el Tribunal de Delaware para llevar a cabo la subasta, contabiliza 23 empresas, para un monto preliminar de demandas de $24.049,9 millones.
La primera ronda del proceso se realizará este mes y el proceso seguirá su curso de acuerdo al cronograma que establece que en julio será la sesión final. Mientras tanto, las partes interesas en cobrar podrán ingresar sus solicitudes hasta este 12 de enero, según se señala en los documentos del caso.
Un juicio aparte es el de los tenedores de bonos Pdvsa 2020. Venezuela pidió demandó la nulidad de esa emisión por no haber pasado por la Asamblea Nacional en 2016 y en primera instancia se le negó, pero la decisión fue apelada y todavía no se emite ese segundo fallo.