La Corte de Distrito de Washington D.C. otorgó a Valores Mundiales y Consorcio Andino, accionistas mayoritarios de la empresa de alimentos Gruma, el reconocimiento en Estados Unidos del pago de una indemnización de más de $600 millones por la expropiación de sus activos en el país en 2010, durante el gobierno de Hugo Chávez.
La jueza Ana Reyes aceptó la petición de las empresas españolas para la ejecución en Estados Unidos del fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) emitido en noviembre de 2017 y que fue ratificado en diciembre de 2021, tras un fallido pedido de anulación por parte de Venezuela.
La petición de las empresas a la Justicia estadounidense se hizo en enero de 2019, pero estaba en pausa mientras se resolvía la solicitud de anulación en el CIADI.
El monto de la indemnización es de $430,4 millones a lo que se agregan intereses compuestos, costos del arbitraje en el CIADI y de la apelación en esa organización, para un total de $618,6 millones.
En agosto de 2022, una jueza había recomendado esta decisión y la defensa venezolana, ejercida por el gobierno interino de Juan Guaidó, apeló esa opinión alegando que en el CIADI no se permitió ejercer la defensa, porque esa instancia reconoció a los representantes del gobierno de Nicolás Maduro. La corte rechazó esa posición.
Este reconocimiento obtenido por Gruma le permitiría solicitar la ejecución de la indemnización como lo están haciendo por ejemplo, Crystallex, Conoco o Rusoro, por mencionar a algunas de las afectadas por las expropiaciones, que aspiran a cobrar con el embargo a Citgo.
Gruma en Venezuela
Gruma es una transnacional con sede en México que fabricaba y distribuía productos alimenticios (harina de maíz y de trigo principalmente) en Venezuela desde 1993, a través de las marcas Maseca y Monaca. En 2010, tras un proceso penal contra uno de sus accionistas minoritarios, Ricardo Fernández Barrueco, las empresas fueron intervenidas y finalmente expropiadas.
En 2013 las compañías españolas Valores Mundiales y Consorcio Andino, sus accionistas mayoritarias, denunciaron al país ante el CIADI, luego de que fracasaran las negociaciones para un acuerdo de pago.
El caso es uno de los múltiples que enfrenta Venezuela en los tribunales estadounidenses, que totalizan reclamos por más de $40.000 millones, según datos de 2022.