Una jueza recomendó a la Corte de Distrito de Washington D.C. reconocer la indemnización por más de $500 millones que debe pagar Venezuela a Valores Mundiales y Consorcio Andino, accionistas mayoritarios de la empresa de alimentos Gruma, por la expropiación de sus activos en el país en 2010, durante el gobierno de Hugo Chávez.
La jueza Robin M. Meriweather recomendó ejecutar el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) emitido en noviembre de 2017 y que fue ratificado en diciembre de 2021, tras un fallido pedido de anulación por parte de Venezuela.
La petición de las empresas a la Justicia estadounidense se hizo en enero de 2019, pero estaba en pausa mientras se resolvía la solicitud de anulación en el CIADI.
El monto de la indemnización es de $430,4 millones a lo que se agregan intereses compuestos a tasa LIBOR más 2% a partir de enero de 2013, con lo que la suma asciende a unos $565 millones, según estimaba la empresa para el cierre de 2021.
La recomendación se conoció el pasado miércoles 3 de agosto y la defensa venezolana, ejercida por el gobierno interino de Juan Guaidó a través del Procurador Especial, tiene un lapso de 14 días para presentar sus objeciones. Esta representación se permitió solo en el tribunal estadounidense, pues en el CIADI solo se autorizó el ejercicio de la defensa por parte del gobierno de facto de Nicolás Maduro.
La Procuraduría Especial había manifestado su oposición a la ejecución del laudo invocando su derecho a la defensa y al debido proceso, debido a que no había podido ejercer su rol ante el CIADI para al solicitud de anulación, pero este argumento fue rechazado por la jueza Meriweather.
El reconocimiento le permitiría a la empresa solicitar la ejecución de la indemnización como lo están haciendo por ejemplo, Crystallex, Conoco o Rusoro, por mencionar a algunas de las afectadas por las expropiaciones.
Gruma es una transnacional con sede en México que fabricaba y distribuía productos alimenticios (harina de maíz y de trigo principalmente) en Venezuela desde 1993, a través de las marcas Maseca y Monaca. En 2010, tras un proceso penal contra uno de sus accionistas minoritarios, Ricardo Fernández Barrueco, las empresas fueron intervenidas y finalmente expropiadas. En 2013 las compañías españolas Valores Mundiales y Consorcio Andino, sus accionistas mayoritarias, denunciaron al país ante el CIADI, luego de que fracasaran las negociaciones para un acuerdo de pago.
El caso es uno de los múltiples que enfrenta Venezuela en los tribunales estadounidenses, que totalizan reclamos por un monto de $40.000 millones, según la última cifra informada por la Procuraduría Especial.
Además, la jueza Mariweather recomendó negar a las empresas españolas dueñas de Gruma su petición de obtener una sentencia en rebeldía, porque Venezuela no se presentó para la defensa en septiembre de 2019. Para esa decisión valió el argumento de que el incumplimiento no fue intencional y que se debió a las «condiciones extraordinarias a las que se enfrenta la República, incluyendo la presión de más de [cincuenta] casos antiguos en un momento de profunda transición y agitación política».
Además, también propone que se rechacen la peticiones de declarar un default «porque Venezuela es un soberano extranjero que ha demostrado su deseo de responder al fondo de las reclamaciones» y la solicitud de Venezuela para que se realice un juicio sumario.