La minera canadiense Gold Reserve aseguró que el gobierno de Venezuela emitió una resolución con la que se busca revocar su participación en la empresa mixta Siembra Minera creada en 2016.
La empresa dijo en una nota de prensa que «se enteró de que el Ministerio de Minas de la República Bolivariana de Venezuela emitió una Resolución que pretende revocar los derechos mineros (…) por presunto incumplimiento de ciertas regulaciones mineras venezolanas».
«Gold Reserve está considerando todos los derechos y recursos legales», agregaron. A los pocos minutos de conocerse la información las acciones de la empresa caían 22,79% en su cotización en Canadá ($GRZ) y 29,72% en Estados Unidos $GDRZF).
Gold Reserve acordó con el gobierno de Nicolás Maduro en 2016 que el país le pagaría $1.032 millones, de los cuales $792 millones corresponden a una indemnización ordenada por un tribunal arbitral por la expropiación sufrida durante el gobierno de Hugo Chávez y $240 millones por la compra de datos técnicos mineros. El país debía cancelar $29,5 millones mensualmente, pero desde diciembre de 2017 se paralizaron los pagos.
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La empresa asegura que Venezuela ha realizado pagos acumulativos de aproximadamente $254 millones y que el monto en mora asciende a aproximadamente $900 millones (incluidos los intereses de aproximadamente $122 millones). Las sanciones de Estados Unidos y de Canadá contra el gobierno venezolano han sido el principal obstáculo para que continuaran los pagos.
En 2018, el gobierno de Maduro celebraba con bombos y platillos la certificación que hizo Gold Reserve de la mina ubicada en el KM 88 del estado Bolívar (parte del Arco Minero), donde se estimó una reserva de 1,4 toneladas de oro. La producción debía comenzar en 2020.
Gold Reserve ha intentado obtener una licencia de parte del gobierno de Estados Unidos, para seguir colectando la deuda y seguir sus operaciones en el país, pero hasta ahora los esfuerzos han sido infructuosos.
La empresa asegura que la nueva Resolución «establece que Siembra Minera SA podrá ejercer los recursos relativos a la revocación en vía administrativa o judicial en Venezuela», por lo que temen perder su participación de 45% en la empresa mixta.