El gobierno de Estados Unidos se prepara para publicar una guía que permitirá ejecutar la orden de embargo sobre las acciones de la empresa venezolana Citgo, para que al menos ocho empresas cobren las indemnizaciones que les corresponden por la expropiación de sus activos durante el gobierno de Hugo Chávez.
El 28 de abril se hizo pública una carta del Departamento de Justicia en la que respondió a la autoridad («especial master») designada por el juez Leonard P. Stark, del Tribunal de Distrito de Delaware, donde clarifica la situación de la venta de las acciones de estatal venezolana en relación con las sanciones y medidas de protección de ese activo.
«El Gobierno de los Estados Unidos emitirá una guía pública que establece que, en estas circunstancias, la OFAC no tomará medidas contra personas o entidades por participar o cumplir con los Pasos Preliminares establecidos en la Orden de Venta, así como aquellos que realicen transacciones que sean incidentales y necesarias para la participación y el cumplimiento de dichos pasos, por ejemplo, posibles o actuales ofertantes», señala la carta que tiene fecha de 7 de abril.
Siguiendo un plan preparado por el «especial master», Robert B. Pincus, el juez Stark ordenó en octubre de 2022, iniciar el proceso para la venta de las acciones de Citgo, pero aclaró que su ejecución definitiva estaba sujeta a la emisión de una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). En la búsqueda de claridad sobre los pasos a seguir, Pincus se reunió con el Departamento del Tesoro en enero y tres meses después recibió respuesta.
«El Gobierno de los Estados Unidos desea transmitir que la OFAC tiene la intención de implementar una política favorable de concesión de licencias para las solicitudes en relación con la ejecución de la venta, según lo contemplado en la Orden de Venta o, en su caso, la negociación de un acuerdo entre las partes interesadas», agrega el documento.
«La carta es un paso importante para proporcionar a los posibles licitadores certeza en cuanto a este proceso, de modo que la probabilidad de una «licitación fría» o falta de participación, es significativamente bajo», dijo Pincus en una carta al juez en la que ofrece sus recomendaciones para avanzar en el proceso.
No obstante, el Departamento de Justicia hizo la salvedad que cualquier autorización estará sujeta a los proceso de debida diligencia que debe realizar el «especial master» en relación con los posibles compradores de las acciones.
Citgo está en la actualidad administrada por la Junta Ad Hoc de Pdvsa, designada por el expresidente interino Juan Guaidó y que ahora responde a la autoridad de la Asamblea Nacional (2016), luego de la disolución del interinato. Hasta ahora era clara la protección de este activo, valorado en unos $12.000 millones, y que enfrenta otro litigio en los tribunales relacionado con los bonos 2020 de Pdvsa.
La defensa de la empresa estuvo a cargo del gobierno interino desde 2019, debido a que la Justicia de EEUU no reconoce a Nicolás Maduro como presidente, pero la decisión inicial del embargo se tomó en 2018 y desde entonces el proceso judicial se ha extendido y pareciera estar cerca de su fin.
Con la respuesta emitida por el Departamento de Justicia, el «special master» propuso un cronograma para ejecutar la venta de las acciones. El lanzamiento de la subasta sería el 5 de septiembre de este año y el proceso se cerraría en junio de 2024.
Según Horacio Medina, en declaraciones realizadas en agosto del año pasado, la empresa estaba valorada en unos $12.000 millones. Los excelentes resultados trimestrales de Citgo, así como la calificación de su deuda, son consideradas por Pincus como ventajas para obtener el mejor resultado de la subasta.
¿Cómo llegó Citgo hasta esta situación?
Citgo llegó a esta situación luego de que el juez Stark diera la razón a la minera Crystallex de que Pdvsa es el alter ego del gobierno de Venezuela y por ello podría utilizar sus activos en EEUU (es decir, Citgo) para cobrarse la indemnización por la expropiación de sus minas por parte del gobierno de Chávez, una cifra que asciende a los $1.200 millones. Un caso que la empresa había ganado ya en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Con esa decisión como precedente, otras empresas solicitaron adherirse al embargo para cobrar otras indemnizaciones. La primera en lograrlo fue ConocoPhillips que espera recuperar $1.200 millones de las expropiación de sus activos en 2006 como parte de la estrategia del gobierno chavista de revertir la apertura petrolera iniciada en el mandado de Rafael Caldera (1994-1999).
Bajo el mismo argumento del alter ego, en marzo el juez Stark sumó a la lista de empresas que podrán cobrar sus indemnizaciones con la venta de las acciones de Citgo a otras dos mineras: Rusoro ($970 millones) y Gold Reserve ($740 millones). También a Koch Minerals ($387 millones), Owens Illinois ($382 millones), Northrop Grumman Ship Systems ($137 millones) y ACL1 Investments ($117 millones).
Citgo solicitó al magistrado apartar a Pincus como «special master» al considerar que sus reuniones con el gobierno estadounidense eran una muestra de su parcialidad hacia las empresas que buscan la ejecución del embargo, pero la petición fue denegada. No obstante, la empresa apelará esa decisión así como la de incorporar a otras compañías como beneficiarias de la venta de las acciones.