Las sanciones estadounidenses contra el gobierno de Nicolás Maduro son el objetivo de empresas petroleras como Chevron o Repsol, que buscan abrirse camino entre las restricciones para retomar sus negocios con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Esto le ha inyectado millonarias sumas a la industria del lobismo, donde se presiona también para proteger a Citgo, el principal activo venezolano en el exterior.
Chevron se ubica entre las empresas de petróleo y gas que más gasta en la industria del lobby en Estados Unidos con casi $5,4 millones desembolsados entre enero y septiembre de 2022, frente a los $6,7 millones de todo 2021. Las divulgaciones de las operaciones de cabildeo indican que los lobistas de esta compañía trabajaron en varios asuntos, entre ellos su situación en Venezuela, según reseña el portal Open Secrets.
Otra empresa que gastó en cabildeo para destrabar sus negocios con la Venezuela de Nicolás Maduro fue Repsol, que desembolsó $570.00 en 2021, en temas etiquetados como «política de comercio estadounidense», «relaciones exteriores de Estados Unidos con Venezuela» y «políticas de EEUU relativas a las importaciones de gas natural licuado». Entre enero y septiembre de 2022, la empresa española, que ya recibió autorización para retomar algunas operaciones con Pdvsa, gastó $540.000 en ejercer presiones políticas.
Desde que la administración de Donald Trump impuso estrictas sanciones petroleras a Pdvsa, la actividad de cabildeo para oponerse a estas se intensificó, con un gasto que se ubicó en unos $8,4 millones, de acuerdo con las cifras analizadas por Open Secrets provenientes de los registros obligatorios que impone la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés). De acuerdo con esta legislación, se deben divulgar los temas y montos pagados a personas que representen a «un agente extranjero», que puede ser un gobierno, una empresa o un individuo.
Defender a Citgo
Por otro lado, empresas vinculadas con Citgo o Pdvsa han gastado más de $3,5 millones en cabildeo, desde que inició el gobierno de Joe Biden en 2021.
PDV Holding (PDVH), la empresa matriz de Citgo, contrata lobistas “para proteger los activos de PDVH y sus subsidiarias de la incautación o disminución de valor por parte de los acreedores del régimen de Maduro.»
En este sentido se informaron de varias reuniones y llamadas con oficinas del Congreso, así como con funcionarios gubernamentales de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado. Los miembros del Congreso que se reunieron en persona o por videoconferencia con agentes extranjeros este año para “discutir la protección de activos” incluyen al senador Tim Kaine (D-Va.) y la representante Lizzie Fletcher (D-Texas).
Otro frente que tiene que cubrir Citgo es la asesoría legal, de lo que se ocupa la firma Davis, Goldberg & Galper, que informó que “educó a las partes interesadas estadounidenses” sobre los litigios que podrían cambiar el control de la empresa Eso “incluyó esfuerzos de comunicación estratégica, como la redacción de comunicaciones y mensajes”, muestran los archivos de FARA.
Por otra parte, Venezuela ha pagado a Arnold & Porter Kaye Scholer más de $3,2 millones desde 2020 por operaciones de influencia extranjera reportadas bajo FARA con alrededor de $2,3 millones del total solo en 2021. La firma ha representado a la coalición opositora en varios temas, incluida una batalla legal de larga data que busca evitar que el Banco de Inglaterra libere alrededor de $ 2 mil millones del oro de Venezuela al régimen de Maduro.
Otras firmas alistadas por intereses venezolanos incluyen la Iniciativa Estratégica Global (Global Strategic Initiative) y el Grupo Klein/Johnson.
Citgo informó haber pagado otros $380.000 a cabilderos en los primeros tres trimestres de 2022, de los cuales $170.000 se desembolsaron en el tercer trimestre. El gasto en los primeros tres trimestres de este año supera los $280.000 en gastos federales totales de cabildeo en 2021. En el tercer trimestre de 2022, los cabilderos de Citgo informaron que presionaron al Departamento de Energía y a la Cámara de Representantes de EEUU sobre «preparación operativa y gestión de la cadena de suministro, como así como asuntos de política y regulación relacionados con la industria de los combustibles”.
Otra empresa que ha presionado en Estados Unidos en contra de las sanciones es Monómeros Colombo Venezolanos S.A., que regresó a manos del gobierno de Maduro, luego de ser intervenida por las autoridades colombianas en enero. En ese sentido, entre mayo y agosto de este año la empresa pagó $110.000 a la firma Global Strategic Initiative para actividades de lobby.
La empresa estadounidense reportó que mantiene contacto regular con funcionarios del Departamento del Tesoro, en relación con la gestión de una licencia de la OFAC que le permita retomar operaciones en Estados Unidos. Otto Reich, ex embajador de EEUU en Venezuela, es integrante de la firma de cabildeo.
La información de este artículo fue traducida de un artículo publicado por Open Secrets y utilizada gracias a la licencia Creative Commons. La traducción libre fue realizada por Economía Hoy.