El gobierno de Estados Unidos aclaró este lunes 1 de mayo que las sanciones vigentes no son impedimento para que se ejecute el embargo de la estatal venezolana Citgo, al tiempo que emitió una licencia que autoriza a la Asamblea Nacional (2016) a negociar con acreedores del estado venezolano.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) aclaró lo que ya había adelantado el Departamento de Justicia, que «no tomará medidas de cumplimiento contra ninguna persona o entidad por participar, facilitar o cumplir con los pasos preliminares establecidos en la Orden de Procedimientos de Venta del tribunal, o por realizar transacciones que sean incidentales y necesarias para participar, facilitar o cumplir con dichos pasos».
Esto despeja el camino para que el embargo de Citgo se ejecute de acuerdo con un cronograma planteado por la autoridad designada por tribunal y que contempla un llamado a los ofertantes para adquirir las acciones del activo extranjero más valioso de Venezuela, que terminó siendo objeto de acciones judiciales por las expropiaciones del gobierno de Hugo Chávez.
La OFAC también aclaró en su sección de preguntas y respuestas sobre las sanciones venezolanas, que para concretar la venta sí se requerirá una licencia, pero que «tiene la intención de implementar una política de licencias favorable en relación con la ejecución de una venta» y que «se mantendría sin perjuicio de una reconsideración si los intereses de política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos cambian.»
«Al tomar estas determinaciones de licencias, OFAC está comprometida con un tratamiento justo y equitativo de los posibles acreedores», agregaron.
Por otro lado, la OFAC emitió una licencia, la número 42, en la que se autorizan las negociaciones de acreedores de la República y Pdvsa con la Asamblea Nacional de 2016, su comisión delegada o a quien esta designe para este fin. Con esta decisión, el Departamento del Tesoro se ajusta a los cambios políticos generados a raíz de la disolución del gobierno interino.
Hasta ahora ocho empresas han logrado en los tribunales estadounidenses que se les permita cobrar indemnizaciones por expropiación o por impago de deuda a través del embargo de Citgo. El caso que abrió este camino fue el de Crystallex, una minera canadiense expropiada por Chávez en 2006.