La deuda financiera de Petróleos de Venezuela bajó $336 millones en 2022, principalmente por los pagos realizados a Sinovensa, la empresa mixta que tiene con China y Petroboscán, la empresa mixta con Chevron, mientras se siguen acumulando los montos por los impagos de bonos.
La compañía publicó en la versión impresa del diario oficialista Últimas Noticias un extracto de su balance de deuda financiera consolidada, donde la empresa reseña que al cierre de 2023 su deuda financiera fue de $34.779 millones, en contraste con 2022 cuando culminó en $35.115 millones.
De acuerdo con lo que se observa en el balance, que no contiene notas explicativas con detalles, la deuda con Sinovensa pasó de $919 millones en 2022 a $681 en 2023, una reducción de $238 millones. Esta es una empresa mixta entre Pdvsa y la CNPC de China, que produce crudo extra pesado proveniente de la Faja Petrolífera del Orinoco.
En tanto, la empresa mixta Petroboscán, la asociación entre Pdvsa y la estadounidense Chevron, logró reducir la deuda en $332 millones al pasar de $551 millones a $219 millones.
También se registra una disminución de la deuda con Petrozamora, empres mixta que inicialmente se armó con la empresa rusa GPB Global Resources, pero que en 2023 trasladó 40% de las acciones a GazMin International Group. La acreencia disminuyó de $22 millones a $18 entre 2022 y 2023.
Además, el balance de la deuda financiera de Pdvsa registró una disminución de $16 millones en la cuenta «certificados de inversión», que pasaron de $335 millones en 2022 a $319 millones en 2023.
En cuanto a los bonos, Pdvsa registró una deuda de $26.746 millones en 2023, superior a los $25.491 millones, producto de la acumulación de capital y cupones de los papeles que están en default desde 2017.
Pdvsa dejó de pagar los cupones e intereses de la mayoría de los bonos en 2017 y el último pago registrado es el correspondiente al Pdvsa 2020, realizado en mayo de 2019 con autorización del gobierno interino de Juan Guaidó. Estos papeles tienen como garantía la mitad de las acciones de Citgo, la empresa propiedad de Pdvsa en territorio estadounidense y principal activo venezolano en el extranjero, que se encuentra en proceso de embargo para cubrir los pagos de indemnizaciones por las expropiaciones de los gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.