La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este lunes 8 de enero rechazar la petición realizada por Venezuela de revisar la orden de embargo que pesa sobre Citgo, lo que despeja completamente el camino para que el proceso siga su curso.
La defensa venezolana, ejercida por la Asamblea Nacional (2016) a través de la junta Ad Hoc de Pdvsa en Estados Unidos, presentó en agosto de 2022 un recurso legal (writ of certiorati) ante la máxima instancia estadounidense con el fin de frenar que al menos seis empresas más se sumaran a la lista de acreedores en la subasta de acciones de Citgo, una medida aceptada por el juez de la Corte Distrital de Delaware, y ratificada en una corte de apelaciones, donde se consideró, que tanto el gobierno de Nicolás Maduro y el de Juan Guaidó ejercían control sobre Citgo (a través de Pdvsa) lo que hacía válido el embargo.
El juez Leonard Philip Stark (de la Corte de Delaware) consideró que las acciones del régimen de Maduro tras ser deslegitimado por Estados Unidos, y en menor medida, en la supervisión ordinaria que ejerció el gobierno de Guaidó, constituían prueba suficiente para considerar a Pdvsa como «alter ego» del gobierno (sobre el que recaen las demandas) y por tanto era válido agregar más solicitudes de cobro al proceso de remate.
La petición en la Corte Suprema iba en específico contra Northrop Grumman Ship Systems, ACL Investments Ltd., Rusoro Mining, Koch Minerals Sàrl y Gold Reserve Inc., quienes habían logrado el reconocimiento para adjuntar sus demandas de pago al caso principal iniciado por Crystallex y que obtuvo su veredicto inicial en agosto de 2018.
En este proceso de embargo contra Citgo están involucradas más de 20 demandas que han ganado sus casos contra Venezuela en organismos como el Ciadi o en cortes estadounidenses y que luego han registrado su reclamo para que se adjunten al caso principal y así entrar en la fila de cobradores.
De acuerdo con el último recuento realizado por el funcionario independiente designado por el juez Stark para conducir el proceso de embargo, son 23 empresas que persiguen cobrarse el default de bonos o indemnizaciones por expropiaciones de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. La cifra de estas acreencias es de unos $24.000 millones.
A estas compañías se suman otras empresas e individuos más que todavía no han logrado el reconocimiento del tribunal, como la del colomboestadounidense Ricardo Devengoechea, quien pretende cobrar unos $17 millones por objetos Simón Bolívar que el gobierno de Chávez no le pagó, entre ellos un mechó de cabello.
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