Inaesin contabilizó 592 conflictos laborales en el primer semestre de 2023
El Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical registró 103 conflictos laborales en junio de 2023, para un acumulado de 592 reclamos en el primer semestre del año.
El número de reclamos observado en junio es el segundo más alto en lo que va de año, después de los 178 documentados en enero.
El mayor porcentaje de conflictos fue protagonizado por personal del sector educación con 40,78% del total del mes. El segundo lugar lo ocupó el sector salud con 16,50% y el tercero, los trabajadores de las industrias básicas, presentes en 12,62% de las acciones de reclamo.
El descontento por bajos salarios fue el principal motivo de las protestas, con 40,59%, seguido por malas condiciones de trabajo con 21,78%. La categoría Otros, que agrupa a distintas reclamaciones, abarcó 16,83%, mientras que reclamos vinculados al incumplimiento de convenciones colectivas concentraron 10,89%, indicó el Observatorio de Conflictividad Laboral del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).
Trabajadores del sector público estuvieron activos en 93,22% de los conflictos laborales de junio y los sindicatos apoyaron en 47,57% de los casos.
Las manifestaciones de inconformidad fueron expresadas en 57,43% a través de denuncias, 34,65% de concentraciones y 4,95% de paralización de actividades.
Las entidades con mayor movilización fueron Distrito Capital, que encabezó los conflictos laborales con 33,66%; Bolívar, con 17,82% y Lara con 15,84%.
Entre los hechos destacados de junio está la detención de tres sindicalistas de la Siderúrgica del Orinoco (estado Bolívar), por parte de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim) por exigir reivindicaciones laborales. El amedrentamiento y criminalización de las protestas por parte del Estado, se puso una vez más de manifiesto no solo con la privación de libertad de los trabajadores, sino con la imputación de cargos penales.
La lucha de los trabajadores se mantiene con acciones de calle con la finalidad de que las autoridades gubernamentales escuchen sus demandas y definan parámetros justos para un mayor y mejor desempeño de sus actividades en un ambiente libre de violencia y acoso laboral.
