La junta directiva ad hoc de Pdvsa informó que luego de un largo proceso judicial recuperó el certificado de acciones que representa 49,9% del capital social de Citgo y que fue puesto como garantía en 2016 por el gobierno de Nicolás Maduro por un préstamo negociado con la petrolera rusa Rosneft.
La transacción ejecutada por Maduro consistió en usar casi la mitad de las acciones de Citgo como colateral de un préstamo por $1.500 millones que otorgó Rosneft Trading y que se pagaría con envíos de petróleo en un plazo de cuatro años.
Desde 2020, bajo control del gobierno interino liderado por Juan Guaidó, Citgo intentaba que el certificado volviera a sus manos, para lo que tuvo que transitar un laberinto que incluyó conversaciones con los rusos y una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
«Con la asistencia de abogados externos, PDV Holding, Inc. comenzó un esfuerzo de varios años para recuperar el certificado de acciones que incluyó obtener una licencia de la OFAC para la transferencia del certificado, aplicar el procedimiento et del Código Uniforme de Comercio de Nueva York para exigir información de Rosneft Trading y el sucesor de propiedad rusa en virtud del acuerdo de pago anticipado», señaló la directiva de Pdvsa ad hoc en un comunicado.
Finalmente, el mes pasado la OFAC autorizó «la transferencia del certificado de acciones y la terminación de la garantía a favor de Rosneft Trading y, poco después, en respuesta a una solicitud de PDV Holding, Inc. Rosneft Trading acordó devolver el certificado, que se mantenía en custodia en Nueva York. El certificado de acciones se recuperó el pasado 21 de junio de 2023, y ahora está en posesión de PDV Holding, Inc. en su sede corporativa en Houston, Texas».
En 2016 el gobierno de Maduro concretó dos operaciones que pusieron el total de las acciones de Citgo como garantía de préstamos. La primera con Rosneft y la segunda con los tenedores de los bonos 2020, papeles que entraron en default en 2019 y que son objeto de una disputa judicial para desconocer su validez.