La liberalización comercial que impulsa el gobierno de Nicolás Maduro en medio de la crisis económica venezolana excluye a la mayoría de la población, no produce empleos ni mejores salarios, señala la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) en un pronunciamiento ante la situación económica del país.
Para la ANCE los bodegones «no son resultado de una mayor producción doméstica» y «no generan suficientes oportunidades de empleo productivo y mejores salarios». Agregan que estas importaciones privadas y apoyadas por la exoneración de impuestos aduanales, «ofrece pocos encadenamientos productivos con limitada capacidad de impulsar efectos colaterales positivos; beneficiando principalmente a quienes tienen ahorros en divisas o acceso estable a ellas, quedando excluida una parte mayoritaria de la población».
El gobierno de Maduro viene permitiendo cada vez más a los privados la importación de mercancías, especialmente alimentos, que nutren los anaqueles de espacios exclusivos en Caracas y el interior del país. El impulso viene acompañado de un relajamiento de normas sanitarias y pagos de impuestos.
Recalca la ANCE que la mayoría de los venezolanos «sufre directamente los embates de la hiperinflación, alimentada por el financiamiento monetario del gasto público y del alza en la cotización de la divisa» y que la «liberalización ocurre por el abandono de las responsabilidades del gobierno de velar por el bienestar de los venezolanos, incidiendo en un incremento de la inequidad, agravado ahora por la diferencia entre quienes tienen divisas y quienes no».
El gobierno no publica cifras de comercio exterior desde el primer trimestre de 2019, pero datos de socios comerciales como EEUU, Brasil, China, Colombia o Turquía muestran un movimiento de adquisición de mercancías, que si bien no se iguala a lo visto durante el boom petrolero, se mantienen en niveles iguales o superiores al año 2019.
«Estas nuevas dinámicas comerciales se suceden de forma simultánea a una profundización del proyecto del Estado Comunal como nueva forma de organización político-territorial, que actúa como sistema de dominación social, fusionándose incluso con fuerzas irregulares y delincuenciales y en el cual la libertad individual pasa a ser secundaria frente a los objetivos agregados impuestos desde las más altas esferas del poder. Se genera así una dinámica dual en los ámbitos económico, político y social, altamente contradictorias entre ellas, profundizando desigualdades e inequidades, desmantelando el sentido unitario de nuestra nación», concluye la ANCE.
Ante esta situación los académicos exigen «un plan macroeconómico de estabilización en el que confluyan acciones de política fiscal, monetaria y cambiaria, que restablezcan la confianza y permitan la atracción de inversiones productivas y la generación de puestos de trabajos bien remunerados, rompiendo con esquemas rentistas del pasado
y favoreciendo la productividad y la sana competencia».
Especifican que para lograr esos objetivos es clave «emprender acciones con los organismos multilaterales y otros donantes para constituir un gran fondo para la reconstrucción nacional. En paralelo buscar mecanismos para reestructurar los pagos de la onerosa deuda que hoy embarga al país y evaluar mecanismos de canje por inversión y empréstitos que impulsen la reforma del Estado».